La Justicia Federal argentina no puede investigar la corrupción

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• Por Mario J. Cimadevilla | Senador de la Nación | 06/01/2015 | 21:31

El senador radical Mario Cimadevilla sostiene que no existe un sistema judicial independiente e imparcial | Foto: TELAM

Martín Varsavsky Waisman es un empresario en telecomunicaciones nacido en Buenos Aires -nacionalizado español y estadounidense- que donó a la Argentina más de U$S 11.500.000 para crear el portal educativo Educ.ar.
En un reportaje concedido al diario español El País aseguró que los españoles “no conocen lo que es un país corrupto gobernado por corruptos”, y precisó “Yo, en España, personalmente nunca me encontré con corrupción. Pero quise llevar Fon a Argentina y el primer día ya me estaban pidiendo sobornos”.
La corrupción es una realidad mundial que afecta a las naciones desarrolladas y a las que no lo son; pero lo que pone en evidencia el grado de madurez política y fortaleza institucional de un país -y la educación cívica de sus ciudadanos- es el nivel de tolerancia que la sociedad tiene ante estas prácticas y la actuación del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal frente a las mismas.
En la Argentina, hay un umbral muy elevado de tolerancia porque la justicia federal, en su mayoría (jueces y fiscales), ha sido complaciente con la corrupción al garantizar impunidad a los corruptos. A partir de los ’90 el obsceno enriquecimiento de funcionarios públicos (legisladores, integrantes del Ejecutivo y magistrados) o el sorprendente crecimiento económico de empresas a las que éstos -directa o indirectamente- están vinculados es un hecho que, por lo reiterado, ha dejado de sorprender a la ciudadanía que, ocupada en sus dramas cotidianos, mira casi con indolencia estas desmesuras, básicamente porque no han merecido de parte de la justicia (no obstante los largos y promocionados procesos de investigación que algunos casos generaron), una condigna y efectiva condena; es más, en muchos casos la prescripción de la acción penal ha acudido en auxilio de los pocos procesados.
La Argentina es uno de los países más corruptos del mundo; para salir de este patético listado la actuación de los jueces federales y de los representantes del Ministerio Público Fiscal será fundamental, pero ... ¿son capaces los jueces de Comodoro Py de investigar la corrupción? ¿será capaz la Procuración General de la Nación -con Gils Carbó a la cabeza- de instar -a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal- las investigaciones por estos delitos contra los funcionarios del gobierno saliente?. Ciertamente no.
Genéticamente, los jueces federales de primera instancia (que, hasta ahora, tienen a su cargo la instrucción de las causas) han surgido -en los ’90- de la infame servilleta de Corach y -más recientemente- de concursos sospechados aprobados con la complacencia de los representantes del estamento judicial.
La evidencia de la incapacidad de estos magistrados para investigar seriamente la corrupción es contundente: Oyarbide (“Sueños Compartidos”, la “Mafia de los Medicamentos” y la “Financiera de Greppi”), Rafecas (“Ciccone” y “Milani”), Bonadío (“Alderete y el PAMI”, “Tandanor”, “Curtiembre Yoma” y “los secretarios privados de CFK”) y tantos otros, poco y nada han hecho para impulsar la instrucción de los procesos hasta alcanzar la etapa de debate oral que concluya con una sentencia de mérito. Ni hablar de lo que ha hecho -y podrá hacer- la Procuradora General para evitar las investigaciones; ha desplazado a quienes investigan (Campagnoli) y ha promovido y apañando a quienes encubren al poder (Gonella).
En síntesis, en la Argentina no existe un sistema judicial independiente e imparcial capaz de instruir las causas sobre delitos de corrupción, por su  complejidad inherente y “añadida”, por el compromiso de los jueces y fiscales  federales con el “poder político” y porque el proceso de selección -de unos y otros- no prevé la evaluación de actitudes que permitan medir la independencia de los postulantes ante “poderes” concretos.
Las estructuras judiciales federales han entrado en estado de convulsión, con una exposición y difusión pública que ha restado toda posibilidad de disimulo. En esa convulsión convergen la intervención de la Secretaría de Inteligencia  por parte del Ejecutivo Nacional mediante el desplazamiento de sus jefes, los escándalos en la Asociación de Magistrados y las peleas dentro del Ministerio Público Fiscal (encabezado por Gils Carbó) y de la Cámara Federal de Casación Penal.
Provoca estupor que los principales medios informativos anuncien que el Poder Ejecutivo hace cambios en la Secretaría de Inteligencia sin otro propósito que influir sobre la voluntad de los jueces y que los magistrados del fuero penal federal se reúnen para consensuar cursos de acción a tomar en las causas que involucran a funcionarios del gobierno; indigna saber que un fiscal (Gonella) se niega a concurrir a citaciones judiciales con el aval de la máxima autoridad del organismo que integra (la doctora Gils Carbó) que apoya esa actitud de rebeldía.
En suma, todo un verdadero escándalo. No creo que la hiperactividad de los jueces federales en las causas que involucran a los funcionarios más encumbrados del gobierno obedezca a un súbito interés por perseguir la corrupción o desbaratar sus mecanismos; tampoco creo en las acciones que pueda llevar adelante el Ministerio Público Fiscal.
De ninguna manera puede caerse en la ingenuidad de suponer que los jueces del fuero penal federal vayan a producir una estampida sobre los actos de corrupción pública. Sólo se trata de “tensiones” entre “facciones” históricamente enquistadas dentro de la Justicia Federal, pero el análisis –político y periodístico-
lamentablemente se hace tratando de buscar razones en lo que dicen unos y otros de acuerdo a su alineamiento con el gobierno.
La única novedad “real” es la pérdida del “control de daños” que, tradicionalmente, se realizaba a través de la Secretaría de Inteligencia y esto afecta tanto al gobierno como a los propios magistrados. La lamentable situación actual es una consecuencia más de la lógica de poder que tiene el Partido Justicialista “todo”; para el PJ los jueces y los fiscales no son de la ley, sino del poder.
Esta lógica, obviamente, ha encontrado complicidades en un sector importante del Poder Judicial y del Ministerio Público. Por caso, Bonadío fue defendido y denostado por los mismos hombres y el mismo partido de gobierno. Ahora que investiga causas que molestan al poder se ha convertido en un héroe para un sector importante de la oposición política, pero la pregunta que la sociedad debería formularse es si su actual diligencia y celeridad lo convierten en un buen juez.
Un sector importante de la justicia federal ha obtenido, impúdicamente, una protección política que hoy le es negada, aceptando un juego perverso que compromete la dignidad de todo el Poder Judicial. La corrupción hace peligrar el desarrollo político, económico y social de una nación, porque destruye la confiabilidad de los gobiernos, desvía los recursos, incrementa el costo de los servicios, aumenta la burocracia, y ahuyenta las inversiones.
Es una de las causas principales de la pobreza, es decir, de la exclusión. Los países con altos niveles de corrupción exhiben, por lo general, una reducida clase dominante económicamente poderosa y una enorme población anclada en la pobreza y la indigencia que sólo puede aspirar al asistencialismo como vía de subsistencia.
Los jueces de "Comodoro Py" carecen de antecedentes históricos e institucionales para suponer que cambiarán su actitud jurisdiccional frente a las causas de corrupción; si a esto se agrega el estado de “vulnerabilidad” en el que muchos se encuentran (algunos no pueden justificar su nivel de vida y gasto, quedando expuestos a“carpetazos”), la posibilidad de abandonar el nefasto ranking de los países más corruptos del mundo es más que utópica.

(*) Senador de la Nación por la UCR – Chubut