La corrupción no se frena

La corrupción no se frena, se oculta
Por Jorge Lanata

07/12/13

El Gobierno y la Justicia transitan un juego de baldosas flojas: a poco de que se instalan en una, la otra salta y salpica. La llegada de los Ciccone a la causa Ciccone pone en jaque al vicepresidente y deja en evidencia que el aparato judicial del Estado está para ocultar la responsabilidad directa de Boudou: nada más claro que el fiscal Di Lello, en plena audiencia de Nicolás Ciccone ante el juez Lijo tratando de impedir que siguiera declarando como testigo.
" Tiene que seguir como imputado ”, manoteó Di Lello.
“¿Bajo qué cargos?”, desafió Lijo.
Di Lello balbuceó y la audiencia siguió su curso.
Que los fiscales estén para defender a los acusados muestra el estado de descomposición de poderes que suponemos independientes. Lo mismo se advierte cuando el ejemplo es al revés. La suspensión del fiscal José María Campagnoli ordenada por su jefa, la procuradora Gils Carbó, encuentra su origen en lo contrario: Campagnoli será suspendido por hacer su trabajo.
“Yo soy fiscal y no puedo permitir que por investigar me saquen una fiscalía; que por investigar me quieran correr de un caso”, me dijo Campagnoli en la radio ayer a la mañana.
El “delito” imputado al fiscal del fuero ordinario bajo el eufemismo de haber incurrido en “faltas de competencia” tiene una simple explicación: se animó a investigar a Lázaro, socio de la Presidenta y proveedor del 98% de la obra pública de Santa Cruz. En el fuero ordinario, un fiscal de Saavedra había logrado lo que la Justicia federal evitó desde el comienzo de la causa: que el nombre de Lázaro estuviera en la carátula del expediente. Campagnoli recibió y motorizó una investigación contra Lázaro por extorsión: Federico Elaskar, el ex propietario de SGI, la financiera de Madero Center conocida como La Rosadita, lo había denunciado por ese delito cuando las tropas de Lázaro al mando de Pérez Gadín le birlaron la empresa que había servido para vehiculizar millones de euros que, se presume, venían de la corrupción en la obra pública. Campagnoli tiró de la soga hasta que logró completar un circuito: los 55 millones de euros lavados en dos meses por Fariña y Elaskar habían vuelto al país de modo legal y en la misma cantidad. El delito de lavado de dinero estaba probado hasta en los manuales. ¿Cómo se le ocurre, a un fiscal, probar un delito?
“Pareciera que en este país los imputados quieren estar en la Justicia federal y no en la ordinaria. Uno debería tener más miedo cuando está en manos de jueces federales”, ironizó Campagnoli en Radio Mitre. Sabía de sobra de qué estaba hablando: la causa de la ruta del dinero K está en manos de Sebastián “Tortuga” Casanello. Las familias del Sur no tienen nada que temer.
El descarado interés del Gobierno por interferir en la causa se remonta a su origen: en licencia del fiscal Marijuán, el titular de la Procuraduría Especial para Lavado de Dinero, Carlos Gonella, se ocupó de enfocar la causa en los valijeros y en excluir, hasta de la carátula, el nombre de los Báez, Lázaro y Martín. Gonella, según denunció más tarde el senador radical Mario Cimadevilla e hizo lugar Marijuán, fue nombrado por Gils Carbó fuera del procedimiento, y su único antecedente con las causas de lavado fue el de un almacén en la ciudad de Córdoba que vendía drogas a nivel minorista. Gils Carbó fue imputada por Marijuán por nombramientos irregulares y en los próximos días llegará la venganza: a partir de un insólito pedido de los organismos de derechos humanos, Marijuán también podría ser sancionado.
Mientras la Corte Suprema, los gremios judiciales, los colegios públicos y la oposición asisten absortos y en silencio a estas maniobras, el Gobierno avanza en tierra arrasada: dos fiscales pueden ser suspendidos por investigar y Oyarbide, por ejemplo, sigue incólume en su puesto. El interés de Cristina por desaparecer a Lázaro de la ruta del dinero es igualmente proporcional al demostrado por apartar a Boudou del caso Ciccone, pero la realidad se empeña una y otra vez en aparecer. A la archiprobada relación con Vandenbroele se suma ahora el testimonio del yerno de Ciccone y del propio Nicolás: arreglaron la venta de la imprenta con Boudou, quien les señaló a su socio oficial, Núñez Carmona, como el hombre con quien negociar. Y lo hizo, para los fanáticos de los datos de color, en una oficina del directorio de Telefe (nada dijo Ciccone sobre si este hecho fue denunciado esa noche en Telefe Noticias por el columnista Reynaldo Sietecase). En paralelo, la causa por enriquecimiento ilícito avanza con más y más pruebas: Boudou no puede, ni siquiera, justificar su patrimonio en blanco.
¿Manotazos de ahogado? ¿Fanatismo de Gils Carbó? ¿Problemas personales? Se trata de una política que ha llegado, incluso, al fuero de la seguridad social: el juez Luis Herrero, camarista de la Sala Segunda, sufre una vieja persecución de la ANSeS por favorecer a los jubilados en sus fallos. Pero la cosa empeora: acaban de denunciarlo ante el Consejo de la Magistratura por opinar. Herrero osó decir en un reportaje de Página/12 que “es cuestionable el pago de pensiones no contributivas y asistenciales con el dinero de la ANSeS, al igual que la asignación universal por hijo y otros beneficios”. Léase correctamente: no cuestionó la existencia de esos beneficios sino el hecho de que, para hacerlos efectivos, se utilice el dinero de los jubilados. Lo acusan de prejuzgar y cuestionar la política de inclusión social.
Investigación: JL / María Eugenia Duffard / Amelia Cole