Los problemas judiciales para el vicepresidente Amado Boudou amenazan con multiplicarse. A la causa en la que se lo investiga por supuestas negociaciones incompatibles con su cargo, se sumaron otras dos denuncias : una por enriquecimiento ilícito, que esta semana cobrará un nuevo impulso, y otra, presentada tras las acusaciones que formuló anteayer en el Senado, por los supuestos delitos de sedición, incumplimiento de los deberes de funcionario público y coacción.
La última presentación fue del dirigente Juan Ricardo Mussa, un denunciante habitual, que recayó en el juzgado federal de Marcelo Martínez De Giorgi.
Mussa pidió que se cite a testimoniar al presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi; al dueño de Boldt, Antonio Tabanelli; al procurador general de la Nación, Esteban Righi; a los miembros del estudio de abogados García, Labat, Musso y Righi, y a Héctor Magnetto, CEO de Clarín, todos aludidos por el vicepresidente en sus denuncias públicas. "Boudou, en una inusual forma, amenazó, coaccionó y violó prohibiciones e incompatibilidades castigadas en la ley de ética pública y en el Código Penal", señaló Mussa.
La otra denuncia de enriquecimiento ilícito lleva ya un mes. Recayó en el juzgado federal de Ariel Lijo y el fiscal a cargo es Jorge Di Lello. La presentación fue realizada por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten y el periodista Cristian Sanz.
El juez Lijo le remitió la denuncia al fiscal, que antes de pedir alguna medida de prueba requirió que se certificara en todos los juzgados federales de Comodoro Py si había alguna causa similar. Se realizó esta medida, en particular con la causa que está en manos del juez Rafecas para determinar si son objeto de investigaciones, además del caso Ciccone, los bienes de Boudou. Apenas se reanude la actividad judicial la semana próxima, y con la certeza de que no hay otro expediente, el fiscal analiza impulsar la nueva denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, dijeron fuentes judiciales a LA NACION. Para ello prepara requerir una batería de medidas de prueba, muchas de ellas previstas por la propia Procuración General de la Nación en un manual de políticas y procedimientos para investigar casos de enriquecimiento ilícito.
La denuncia reúne las informaciones que se fueron publicando sobre las sociedades comerciales en las que participa el vicepresidente y otras vinculadas con personas que serían de su conocimiento.
Además, pide que se investigue la compra de su departamento de Puerto Madero, allanado el miércoles último, y la supuesta adquisición de "terrenos en el exclusivo country del Partido de la Costa, denominado Costa Esmeralda".
También solicitó que se indague sobre "su participación accionaria directa o indirecta" en las sociedades investigadas en el caso Ciccone. La denuncia menciona a los titulares de esas sociedades y la forma en que se entrecruzan sus nombres en otras empresas. La denuncia se refiere a "suculentas sumas de dinero depositadas en cuentas bancarias locales, como Banco de la Nación Argentina, Banco Francés, American Express y Citibank, lo que no se condice con su sueldo de empleado público".
Además, Boudou tiene otra causa abierta en el juzgado de Claudio Bonadio por problemas de papeles con un auto que era de su propiedad.
Los cargos
Negociaciones incompatibles. La investigación está a cargo del juez Daniel Rafecas, junto con el fiscal Carlos Rívolo, en relación con el levantamiento de la quiebra de la empresa Ciccone. Quieren saber si el vicepresidente se interesó en el asunto para favorecerse él o a terceros. También se investiga si hubo lavado de dinero por parte de los empresarios.
Enriquecimiento ilícito. El juez Ariel Lijo tiene esta causa desde hace un mes. El fiscal Jorge Di Lello analiza pedir medidas sobre el patrimonio del vicepresidente, una vez que certifique que no se investiga otra denuncia similar.
Coacción y sedición. La denuncia recayó en el juez Marcelo Martínez de Giorgi, por las últimas denuncias del vicepresidente contra el juez Rafecas, empresarios y funcionarios.
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