Relato e impunidad, el refugio que busca Cristina


Relato e impunidad, el refugio que busca Cristina

Tres son las grandes preocupaciones centrales del gobierno de Cristina Kirchner en su última etapa: no ver aún más menguada la caja, seguir imponiendo su relato y garantizar impunidad para sus funcionarios . Por variados motivos, todos esos ejes de su gestión se ven amenazados por la realidad.
En los primeros días de enero se cumplirán 25 años del agravamiento de la crisis energética que forzó al gobierno de Raúl Alfonsín a disponer cortes rotativos de electricidad y asuetos administrativos para ahorrar energía. Un cuarto de siglo más tarde, pareciera que nada ha cambiado.
Al igual que con las crudas imágenes de los recientes saqueos, el período final del ciclo kirchnerista parece revivir los peores momentos de otros finales caóticos, como aquel de Alfonsín en 1989.
No es el relato oficial lo único que hace agua. La caja también está dañada
En un gobierno tan inquieto por la hegemonía de su relato, que como dice el filósofo Tomás Abraham consiste en la fabricación de mitos para los otros, el hecho de que Jorge Capitanich y Julio De Vido incurran en públicos cortocircuitos acerca de la presunta implementación de un sistema de cortes de luz programados, como hacia fines de los años 80, llama mucho la atención.
El relato oficial hace agua, en tanto el kirchnerismo se jactó siempre de haber construido un Estado fuerte que en las últimas semanas estuvo más ausente que nunca.
Esa ausencia del Estado, que han sufrido desde las víctimas de tragedias ferroviarias hasta quienes fueron blanco de los recientes saqueos y quienes hoy están sin luz ni agua, sólo se puede emparchar con más relato. Por eso el jefe de Gabinete salió a presionar ayer a las distribuidoras Edenor y Edesur, advirtiéndoles que si no se hacían cargo de prestar adecuadamente el servicio, el Gobierno estaría dispuesto a hacerlo. Y con cierto aire de sobreactuación tendiente a complacer a la Presidenta, Capitanich también empezó a ocuparse de arremeter contra el periodismo con particular asiduidad. Pese a su tradicional moderación, el ministro coordinador parece haber asumido la concepción de los kirchneristas más extremos de que si no se va por todo, uno puede quedarse sin nada, como en una guerra.
La idea del discurso oficia l es desterrar la hipótesis de que el Gobierno está pagando hoy el costo de su propia política cortoplacista, cuya preocupación central fue mantener bajas las tarifas de servicios públicos antes que desarrollar las necesarias inversiones en infraestructura para el largo plazo.
La gran inquietud del Gobierno sobre el futuro es garantizarse impunidad
No es el relato lo único que hace agua. La caja del Estado nacional también está dañada. Lo prueba el importante déficit fiscal primario registrado en noviembre, a pesar de la ayuda del Banco Central y la Anses.
Menos caja supone menos poder. Pero en tanto los gobiernos provinciales sigan contrayendo compromisos impagables, como con los incrementos salariales a las fuerzas policiales, su dependencia financiera del Tesoro Nacional seguirá creciendo. Y Cristina Kirchner cuenta todavía con la billetera del Banco Central y con la que debería estar reservada para los jubilados, junto con la suposición -cada vez menos sólida- de que los mayores costos en materia inflacionaria y de desfinanciamiento del sistema previsional los pagará quien la suceda dentro de dos años.
Por lo pronto, la gran inquietud del actual gobierno sobre el futuro pasa por garantizarse impunidad.
Pocas veces se asistió en tan poco tiempo como en los últimos días a tantas decisiones en ese irrefutable sentido: la suspensión del fiscal José María Campagnoli, quien investigaba causas vinculadas a Lázaro Báez y también a un hermano de la flamante ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez; la aprobación de una lista de diez conjueces para la Cámara de Casación Penal, integrada mayoritariamente por abogados que defendieron a funcionarios, entre ellos uno de Amado Boudou; el ascenso del general César Milani como parte de una jugada para politizar a las Fuerzas Armadas y, por si esto fuera poco, la insólita solicitud a la Justicia de un cepo informativo para que la prensa no difunda los sospechosos negocios de Lázaro Báez con la familia Kirchner.

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