La corrupciĆ³n no se frena


La corrupciĆ³n no se frena, se oculta
Por Jorge Lanata






07/12/13
El Gobierno y la Justicia transitan un juego de baldosas flojas: a poco de que se instalan en una, la otra salta y salpica. La llegada de los Ciccone a la causa Ciccone pone en jaque al vicepresidente y deja en evidencia que el aparato judicial del Estado estƔ para ocultar la responsabilidad directa de Boudou: nada mƔs claro que el fiscal Di Lello, en plena audiencia de NicolƔs Ciccone ante el juez Lijo tratando de impedir que siguiera declarando como testigo.
" Tiene que seguir como imputado ”, manoteĆ³ Di Lello.
“¿Bajo quĆ© cargos?”, desafiĆ³ Lijo.
Di Lello balbuceĆ³ y la audiencia siguiĆ³ su curso.
Que los fiscales estĆ©n para defender a los acusados muestra el estado de descomposiciĆ³n de poderes que suponemos independientes. Lo mismo se advierte cuando el ejemplo es al revĆ©s. La suspensiĆ³n del fiscal JosĆ© MarĆ­a Campagnoli ordenada por su jefa, la procuradora Gils CarbĆ³, encuentra su origen en lo contrario: Campagnoli serĆ” suspendido por hacer su trabajo.
“Yo soy fiscal y no puedo permitir que por investigar me saquen una fiscalĆ­a; que por investigar me quieran correr de un caso”, me dijo Campagnoli en la radio ayer a la maƱana.
El “delito” imputado al fiscal del fuero ordinario bajo el eufemismo de haber incurrido en “faltas de competencia” tiene una simple explicaciĆ³n: se animĆ³ a investigar a LĆ”zaro, socio de la Presidenta y proveedor del 98% de la obra pĆŗblica de Santa Cruz. En el fuero ordinario, un fiscal de Saavedra habĆ­a logrado lo que la Justicia federal evitĆ³ desde el comienzo de la causa: que el nombre de LĆ”zaro estuviera en la carĆ”tula del expediente. Campagnoli recibiĆ³ y motorizĆ³ una investigaciĆ³n contra LĆ”zaro por extorsiĆ³n: Federico Elaskar, el ex propietario de SGI, la financiera de Madero Center conocida como La Rosadita, lo habĆ­a denunciado por ese delito cuando las tropas de LĆ”zaro al mando de PĆ©rez GadĆ­n le birlaron la empresa que habĆ­a servido para vehiculizar millones de euros que, se presume, venĆ­an de la corrupciĆ³n en la obra pĆŗblica. Campagnoli tirĆ³ de la soga hasta que logrĆ³ completar un circuito: los 55 millones de euros lavados en dos meses por FariƱa y Elaskar habĆ­an vuelto al paĆ­s de modo legal y en la misma cantidad. El delito de lavado de dinero estaba probado hasta en los manuales. ¿CĆ³mo se le ocurre, a un fiscal, probar un delito?
“Pareciera que en este paĆ­s los imputados quieren estar en la Justicia federal y no en la ordinaria. Uno deberĆ­a tener mĆ”s miedo cuando estĆ” en manos de jueces federales”, ironizĆ³ Campagnoli en Radio Mitre. SabĆ­a de sobra de quĆ© estaba hablando: la causa de la ruta del dinero K estĆ” en manos de SebastiĆ”n “Tortuga” Casanello. Las familias del Sur no tienen nada que temer.
El descarado interĆ©s del Gobierno por interferir en la causa se remonta a su origen: en licencia del fiscal MarijuĆ”n, el titular de la ProcuradurĆ­a Especial para Lavado de Dinero, Carlos Gonella, se ocupĆ³ de enfocar la causa en los valijeros y en excluir, hasta de la carĆ”tula, el nombre de los BĆ”ez, LĆ”zaro y MartĆ­n. Gonella, segĆŗn denunciĆ³ mĆ”s tarde el senador radical Mario Cimadevilla e hizo lugar MarijuĆ”n, fue nombrado por Gils CarbĆ³ fuera del procedimiento, y su Ćŗnico antecedente con las causas de lavado fue el de un almacĆ©n en la ciudad de CĆ³rdoba que vendĆ­a drogas a nivel minorista. Gils CarbĆ³ fue imputada por MarijuĆ”n por nombramientos irregulares y en los prĆ³ximos dĆ­as llegarĆ” la venganza: a partir de un insĆ³lito pedido de los organismos de derechos humanos, MarijuĆ”n tambiĆ©n podrĆ­a ser sancionado.
Mientras la Corte Suprema, los gremios judiciales, los colegios pĆŗblicos y la oposiciĆ³n asisten absortos y en silencio a estas maniobras, el Gobierno avanza en tierra arrasada: dos fiscales pueden ser suspendidos por investigar y Oyarbide, por ejemplo, sigue incĆ³lume en su puesto. El interĆ©s de Cristina por desaparecer a LĆ”zaro de la ruta del dinero es igualmente proporcional al demostrado por apartar a Boudou del caso Ciccone, pero la realidad se empeƱa una y otra vez en aparecer. A la archiprobada relaciĆ³n con Vandenbroele se suma ahora el testimonio del yerno de Ciccone y del propio NicolĆ”s: arreglaron la venta de la imprenta con Boudou, quien les seƱalĆ³ a su socio oficial, NĆŗƱez Carmona, como el hombre con quien negociar. Y lo hizo, para los fanĆ”ticos de los datos de color, en una oficina del directorio de Telefe (nada dijo Ciccone sobre si este hecho fue denunciado esa noche en Telefe Noticias por el columnista Reynaldo Sietecase). En paralelo, la causa por enriquecimiento ilĆ­cito avanza con mĆ”s y mĆ”s pruebas: Boudou no puede, ni siquiera, justificar su patrimonio en blanco.
¿Manotazos de ahogado? ¿Fanatismo de Gils CarbĆ³? ¿Problemas personales? Se trata de una polĆ­tica que ha llegado, incluso, al fuero de la seguridad social: el juez Luis Herrero, camarista de la Sala Segunda, sufre una vieja persecuciĆ³n de la ANSeS por favorecer a los jubilados en sus fallos. Pero la cosa empeora: acaban de denunciarlo ante el Consejo de la Magistratura por opinar. Herrero osĆ³ decir en un reportaje de PĆ”gina/12 que “es cuestionable el pago de pensiones no contributivas y asistenciales con el dinero de la ANSeS, al igual que la asignaciĆ³n universal por hijo y otros beneficios”. LĆ©ase correctamente: no cuestionĆ³ la existencia de esos beneficios sino el hecho de que, para hacerlos efectivos, se utilice el dinero de los jubilados. Lo acusan de prejuzgar y cuestionar la polĆ­tica de inclusiĆ³n social.
InvestigaciĆ³n: JL / MarĆ­a Eugenia Duffard / Amelia Cole

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