¿Cuándo comenzó el terror?


¿Cuándo comenzó el terror?
Por Por Marcelo Larraquy*






27/11/13 - 17:56
La pregunta es un problema para la historia del peronismo en la década del setenta.
Si el proyecto de ley admitía que el 6 noviembre de 1974, durante el gobierno constitucional de Isabel Perón, cuando se decretó el Estado de sitio, fue el punto de partida para la cesión de las “pensiones graciables” para ex presos políticos, daba por sentado que el gobierno justicialista había vulnerado los derechos civiles y políticos de miles de personas que habían permanecido en sus cárceles, a quienes mantuvo detenidos sin juicio ni garantías constitucionales.
Una responsabilidad política -no sólo histórica- que también podría también en derivar en una nueva inculpación penal por secuestros y desapariciones perpetradas durante el gobierno 1973-1976.
Pero hoy en la Cámara de Diputados, para mantener la situación histórica en la nebulosa, se prefirió, a último momento no colocar la fecha para el régimen reparatorio de ex presos políticos, y dejar que la autoridad de aplicación de la ley, la secretaría de Derechos Humanos, decida si cada ex preso político que haya permanecido en prisión hasta el 10 de diciembre de 1983, puede contar con la pensión graciable o no.
De este modo, el comienzo de las detenciones sin juicio ni garantías constitucionales quedan inmersas en un cono de sombras.
La pregunta de “cuándo comenzó el terror” prefiere no asumirse ni ponerse en discusión.
Más allá de los debates políticos, están los hechos históricos. Desde inicios de 1974, Perón e Isabel, como presidentes, y con el aval del Partido Justicialista en el Parlamento, fueron sancionando una serie de normativas represivas incluso más rigurosas que las del gobierno de facto del general Alejandro Lanusse. Una de ellas fue la ley 20.840/74 -la llamada “ley antisubversiva” de septiembre de 1974 y otra, el decreto del Poder Ejecutivo 1386 de Estado de sitio por “tiempo indeterminado” de noviembre del mismo año.
Cualquier militante político, gremial o estudiantil, o incluso guerrillero que se hubiese alzado en armas contra el gobierno constitucional y sus fuerzas de seguridad, que haya sido detenido por tribunales civiles en virtud de esa ley votada por el Parlamento, ambos emanados desde del gobierno peronista, puede reclamarle al Estado argentino su pensión graciable. También sus herederos.
Pero al no especificar el punto de partida para el reclamo, el Parlamento sacrifica el esclarecimiento de los hechos en las detenciones previas al inicio de la dictadura militar.
(*) Autor de "Los 70. Una historia violenta".

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