Se debe decir que, a nivel federal, es difícil afirmar la consistencia de un serio compromiso con los derechos fundamentales , en el sentido robusto que consideramos valioso, cuando

la Defensoría del Pueblo –órgano de control para defender a la ciudadanía– está casi acéfala hace tres años y sus autoridades suplentes tienen mandato vencido desde 2009;

el INADI ha sido mancillado para pagar militancia partidaria y ahora intervenido hace casi un año, desinstitucionalizado con un interventor “ad honorem”;

tres de los cinco entes de control de servicios públicos que deben proteger los derechos de los usuarios están intervenidos desde hace casi una década y los otros con sus directorios incompletos y sin autonomía;

las leyes de protección de bosques y glaciares permanecen sin reglamentación y operativización completa;

los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación relativos a derechos sociales y ambientales (juicios jubilatorios, libertad de asociación sindical, saneamiento del Riachuelo) incumplidos durante años;

el “Defensor del Público”, único mecanismo de protección de derechos en la ley de medios audiovisuales nunca ha sido designado ;

el procurador penitenciario – quien debe defender los derechos de las personas privadas de libertad- desempeña sus funciones en el aire dado que su nombramiento venció hace años;

nunca se designó al Defensor de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y


se aprobó la persecución penal con cargos de terrorismo contra quienes cometan algún hecho delictivo en ocasión de reclamar contra el gobierno nacional.

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